A-262/26 de 2026
Ponente Natalia Ángel Cabo
Temas y subtemas del fallo
Reseña de la relatoría (lo que se alegó y se resolvió, en prosa)
Conflicto entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí con función de control de garantías y el Juzgado 1718 Penal Militar y Policial de Control de Garantías, causado por una investigación penal contra un ciudadano, por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, en hechos en los que un joven perdió la vida, a manos de un soldado.
Cumplidos los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis de los elementos del fuero penal militar.
El elemento subjetivo se cumple, por constatarse la pertenencia del imputado al Ejército Nacional para el momento de los hechos.
No se acredita el elemento funcional, pues no existe certeza sobre la relación próxima, directa y estrecha del comportamiento investigado con el cumplimiento de las funciones constitucionales asignadas a los miembros del Ejército Nacional.
La duda se presenta por las circunstancias concretas en las que murió la víctima: no parece haber elementos probatorios que sugieran que el fallecido perteneciera a una organización delictiva, que tuviera antecedentes penales o historia de portar armas de fuego, lo que refuerza la duda acerca de tener y disparar un arma contra el soldado.
El uso de la violencia letal por parte de la Fuerza Pública es restringido y debe cumplir, entre otros, con principios de racionalidad, necesidad y proporcionalidad, que sugiere, en este caso, un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, que rompería el nexo con la función asignada a la Fuerza Pública.
Se aplica la regla general de competencia de la jurisdicción ordinaria penal.